Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 26/05/2015
Como
parte de la campaña de criminalización contra personas defensoras de
Derechos Humanos (DH) en Honduras, Berta Cáceres, defensora de la tierra
y líder del pueblo lenca –la mayor etnia indígena en el país
centroamericano–, se enfrenta a una nueva amenaza de criminalización
judicial en su contra.Así lo dio a conocer la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), red que informó que Mario Pérez, secretario del Congreso Nacional de Honduras, anunció que interpondrá una querella (demanda) por difamación y calumnia contra Cáceres.
La denuncia se argumentará con las declaraciones que Cacéres, recientemente galardonada con el estadounidense Premio Goldan –considerado el mayor galardón para las personas que luchan a favor del medio ambiente–, realizó en el sepelio de Moisés Durón Sánchez, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en el departamento (estado) de Santa Bárbara.
Durón Sánchez fue asesinado el pasado 20 de mayo en medio de un conflicto de tierras entre empresas y habitantes comunales. Durante el sepelio la defensora señaló al secretario Mario Pérez y otros funcionarios como presuntos cómplices del crimen.
IM-Defensoras aseguró que “la criminalización de las mujeres defensoras es una estrategia para sancionar, inhibir y desalentar su trabajo a favor de los DH”, y no es un hecho aislado en Honduras.
Cabe recordar que la líder del movimiento feminista hondureño Gladys Lanza Ochoa, actualmente enfrenta un proceso judicial por los mismos delitos. Tras reactivarse el caso en 2014, recientemente la Corte Suprema de Justicia la condenó a 18 meses de prisión, y ahora el proceso está detenido, pues la defensora se amparó contra la condena.
Este tipo de criminalización en contra de personas defensoras es recurrente tanto en Honduras como en la región, tan es así que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó recientemente a los Estados del hemisferio a no usar el derecho penal para silenciar las voces críticas, ni para sancionar las opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público, o que involucran a funcionarios.
Es de agregar que esta no es la primera acción penal que se emprende en contra de Berta Cáceres, pues ya enfrenta dos procesos penales que ella llama un intento de castigo por su empeño de defender a las mujeres y niñas que viven en la región de Río Blanco (departamento de Atlántida, al norte de Honduras), y cuyo afluente está en la mira de las empresas trasnacionales empeñadas en convertirlo en represa hidroeléctrica.
Cáceres ha sido acusada de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, encargada del proyecto hidroeléctrico en territorio lenca.
Recientemente la constructora Sinohydro (filial de DESA), la compañía más grande de represas en el mundo, finalmente declinó la construcción de un proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en la parte noroeste del país. Seguida a esta decisión, el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, también se desligó del proyecto.
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