jueves, 23 de abril de 2015

Hay que indignarnos más ante la inoperancia institucional del Estado

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Amparo a fin de que se respete y garantice el derecho humano a la vida y la integridad personal, ante la amenaza que representa la comercialización de chimbos de gas LPG  sin que estos cumplan con las garantías mínimas de seguridad y “la instancia estatal encargada de vigilar y resguardar los derechos de los consumidores, deliberadamente omite su deber de control”.

La acción judicial va dirigida a evidenciar el comportamiento omisivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, especialmente de la Dirección General de Protección al Consumidor, al no aplicar y exigir a las empresas distribuidoras de gas LPG, la publicación de instructivos mínimos que contengan las advertencias necesarias para el manejo adecuado de los chimbos y el procedimiento a seguir en caso de una falla.

Esta Acción de Amparo está motivada a partir de la explosión de un chimbo de gas LPG ocurrida el pasado 20 de febrero en las instalaciones del mercado “La Feria del Agricultor” en Tegucigalpa que provocó la muerte de 12 personas y quemaduras de diferente grado en más de 70 personas. No existe un informe oficial que indique el por qué de lo sucedido, como tampoco existe una investigación que establezca la deducción de responsabilidades tanto de las empresas prestadoras del servicio de gas LPG, como tampoco de las instancias del gobierno responsables del control de las mismas.

“Desde el MADJ y FUNDAMBIENTE lo que estamos evidenciando es el riesgo que estamos corriendo todos y todas por la comercialización de estos chimbos de gas en condiciones de total inseguridad. Estamos evidenciando el nivel de sometimiento en el que se encuentra la institucionalidad pública, que no es ni siquiera capaz de regular una cosa tan elemental como la venta del gas LPG. El amparo lo interponemos porque de alguna manera queremos llamar la atención e indicar que el Estado concesiona cosas, delega responsabilidades, que después no es capaz, ni siquiera, de monitorearlas  o vigilarlas, con lo cual está violentando su deber de garantizar a la ciudadanía su derecho a la seguridad personal y a la vida misma”, indicó Víctor Fernández, representante del MADJ.

Fernández explicó que el recurso legal es una forma de exigir el funcionamiento del Estado de Derecho, de defender los derechos humanos, de renegar en contra de esa naturalidad con que se quiere que se vean todas las muertes, los abusos o las omisiones que se cometen por parte de los funcionarios y de las instituciones públicas.  

De manera concreta, la Acción de Amparo solicita a la Sala de lo Constitucional que ordene a la Secretaría Desarrollo Económico, dos acciones inmediatas: sacar de circulación todos los chimbos de Gas LPG que no posean las mínimas medidas de seguridad y que constituyan  un riesgo para la vida y la integridad de las personas, e instruir a las sociedades mercantiles dedicadas a la comercialización de gas LPG para que de inmediato todos los chimbos utilizados para la distribución de gas LPG, contengan de manera visible, en lenguaje sencillo, claro y comprensible, una viñeta o un instructivo básico en el que se explique los riesgos de dicho material, las formas adecuadas de manipulación y las medidas a tomar en caso de producirse un percance.

“Lo que estamos es exigiendo a nivel de las empresas que comercializan el gas LPG es básico, como también es básico lo que le exigimos al Estado que es que supervise y vigile a estas empresas. Yo creo que a los ciudadanos y ciudadanas nos hace falta enojarnos más, indignarnos más con las cosas que ocurren en este país a todo nivel, debemos obligar a que nos funcione el Estado, que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades, que las instancias oficiales dedicadas a la defensoría de los derechos humanos cumplan con sus obligaciones. No podemos seguir permitiendo la inoperancia institucional del Estado”, puntualizó Fernández.